Por Lic. Carlos Madera
El coronavirus ha cambiado por completo nuestras rutinas y agendas, se puede teletrabajar, también asistir a clases online, incluso ejercitarse si hay suficiente voluntad, pero hay muchas otras tareas y actividades que no se pueden hacer en casa y una de ellas es votar.
Luego de que el pleno JCE pospusiera por emergencia sanitaria las elecciones congresuales y presidenciales de mayo, y dispusiera una convocatoria extraordinaria para el próximo 5 de julio, pero en la actualidad se viven circunstancias sin precedentes en el último siglo, y es que la rápida extensión del Covid-19 ha generado una pandemia que ha trastocando los planes y esquemas de la gran mayoría de las actividades humanas, entre ellas el ejercicio de los derechos políticos en la celebración de elecciones.
Sin dudas la concentración del ejercicio del sufragio implica tener a muchas personas en determinados espacios y obliga a una interacción entre los integrantes de la mesa de votación y el votante, pero también en los ingresos a los recintos, en las filas de espera -que pueden ser largas o lentas- en el momento del escrutinio, cuando el control recíproco es garantía de seguridad electoral y clave para evitar posibles manipulaciones de la voluntad popular expresada en las urnas que tanto miedo se tiene por la credibilidad del órgano electoral.
La incertidumbre rodea a esta pandemia, los efectos del COVID-19 y la política de distanciamiento social adoptada para intentar contener su propagación tienen consecuencias más amplias que las inmediatas sobre el ámbito sanitario y económico.
Las instituciones democráticas están en riesgo pues también está en juego la viabilidad del proceso electoral, factor crucial para cualquier sociedad democrática.
Las elecciones son el instrumento para la validación de las personas en quienes el pueblo deposita su confianza y les delega la administración pública y es por ello que estos cambios en los calendarios electorales son, sin duda, decisiones complejas, con consecuencias institucionales y políticas.
El coronavirus marca el ritmo y pospone el juego político, cambia prioridades y urgencias y por eso me pregunto.
¿Se podrían considerar democráticas unas elecciones en medio de esta crisis sanitaria?
En los últimos procesos la aumentada abstención electoral ha sido observada por los actores políticos y esta sin dudas será la más amplia.
Los Estados deben garantizar el derecho a la vida y a la salud y, asimismo, éstos son responsables de proteger los valores democráticos y garantizar el respeto al orden constitucional establecido en cada país.
Los procesos electorales, en particular la etapa pre-electoral y el día de las elecciones, implican reuniones masivas o eventos comunitarios, por ejemplo: actividades de campaña, capacitación a miembros de mesa, preparación del material electoral, asistencia de ciudadanos a su mesa de votación, entre otros.
A la luz de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de evitar la aglomeración de personas, las autoridades electorales se ven ante el desafío de llevar a cabo procesos electorales al tiempo de resguardar la salud de la ciudadanía y de las y los servidores electorales.
Una crisis sanitaria de este tipo requiere que las autoridades tomen nuevas medidas para garantizar elecciones inclusivas, que ofrezcan igualdad de oportunidades para que todos los ciudadanos con derecho a votar y a ser elegidos puedan participar.
La realidad es que el desarrollo del proceso electoral en las circunstancias actuales conlleva riesgos inmediatos a la salud. Las votaciones se llevan a cabo en centros en donde las personas se aglomeran y las boletas, los marcadores y las propias casetas de votación son todos instrumentos para la posible propagación del virus.
Para evitar la exposición a grupos grandes y por el distanciamiento social preventivo, es de esperar que muchos ciudadanos tengan temor a salir de sus hogares para ir a votar y por las mismas razones, los funcionarios electorales estarán temerosos de asumir sus funciones.
